La aplicación única y errónea de la nacionalidad uruguaya desalienta o impide la inmigración y la inversión en Uruguay a quienes proceden de naciones que prohíben la doble nacionalidad cuando ésta se obtiene por naturalización, incluidas muchas naciones europeas.

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La errónea interpretación constitucional que resulta en la DNIC y otros organismos gubernamentales en Uruguay ha dado lugar a una acción gubernamental que viola el derecho internacional y, por lo tanto, la constitución uruguaya.

Una revisión de los textos de las constituciones de Uruguay indica que nuestra nación siempre se ha referido a los uruguayos como ciudadanos. Esto ha incluido, desde la Constitución más antigua, el uso de la palabra ciudadano de la misma manera que un estado nación moderno utiliza nacional.

Los conceptos de nacionalidad y ciudadanía son idénticos, al menos en un Estado democrático, de modo que tanto los ciudadanos legales como los naturales forman una categoría opuesta a la de los extranjeros (tanto si los llamamos a todos "nacionales" como si reservamos este término para los ciudadanos naturales, mientras que los legales serían "naturalizados").

El origen del problema constitucional es una mala interpretación de la constitución uruguaya y un método de interpretación constitucional que ya no es favorecido por la mayoría de los académicos

A pesar de nuestra larga tradición de libertad, igualdad y justicia, Uruguay es la única nación del mundo que niega la nacionalidad a todos los inmigrantes y crea una segunda clase de ciudadanos sin plenos derechos.