Convenios jurídicos internacionales que prohíben la denegación de la nacionalidad por el origen nacional
La interpretación actual de Uruguay de la "nacionalidad" viola las convenciones y normas internacionales que obligan a todas las naciones a conceder la nacionalidad sin distinción de "origen nacional". Actualmente, Uruguay niega a los inmigrantes y refugiados que se convierten en ciudadanos el derecho a la nacionalidad, o a la pertenencia a la nación. En el mundo moderno, la nacionalidad no está relacionada con la etnia o el lugar de nacimiento. La nacionalidad pertenece a todos los miembros de la nación. Es decir, la nacionalidad pertenece a todos los que constituyen la soberanía de la nación. En nuestra Constitución, eso incluye a todos los ciudadanos. Debido a la interpretación errónea del derecho constitucional uruguayo y de nuestra historia, los uruguayos que inmigran a Uruguay sin nacionalidad o que la perdieron quedan apátridas. Esto es una violación fundamental de los derechos humanos, además de un impedimento para la inversión, la inmigración y el derecho de los ciudadanos a viajar. Un breve repaso a diversos instrumentos internacionales con fuerza de ley en Uruguay lo deja claro.
El artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a una nacionalidad" y que "a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni se le negará el derecho a cambiar de nacionalidad". La nacionalidad no es una cuestión de "sangre" o "raza" o "lugar de nacimiento". Frente a estas nociones anticuadas, la Corte Internacional de Justicia, en 1955, en el Caso Nottebohm, sostuvo que "la nacionalidad es un vínculo jurídico que tiene como base un hecho social de apego, una conexión genuina de existencia, interés y sentimientos, junto con la existencia de derechos y deberes recíprocos". La Corte Interamericana de Derechos Humanos también define la nacionalidad como "el vínculo político y jurídico que une a una persona con un Estado determinado y la vincula a él con lazos de lealtad y fidelidad, dándole derecho a la protección diplomática de ese Estado" (Castillo-Petruzzi y otros c. Perú, sentencia de mayo de 1999, CIDH [ser.C] nº 52 1999). Uruguay ha ratificado la Convención de San José y, por lo tanto, su estatuto, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Ley 15.737, artículo 16) que, a su vez, tiene rango legal constitucional en virtud del artículo 72 de la Constitución uruguaya
Todos los uruguayos comparten vínculos políticos y jurídicos y son leales al Estado y al pueblo uruguayo. Esta es la definición de nacional. En lugar de respetar este concepto básico, Uruguay se basa actualmente en una definición anticuada de nacionalidad que confunde el concepto con la etnia. La práctica actual de la DNIC de asignar reflexivamente nacionalidades a los nuevos uruguayos basándose en el lugar de nacimiento se basa en un concepto etnolingüístico de nación, en lugar del concepto moderno de naciones como formadas por ciudadanos individuales leales y afines. Basar la nacionalidad en categorías etnolingüísticas es incoherente con el artículo 77 de la propia Constitución de Uruguay, que indica claramente que la nación está formada por sus ciudadanos. Si bien hace cien años, o tal vez incluso hace setenta y cinco años, puede haber sido común que los individuos piensen en la nacionalidad como algo relacionado con la raza, el origen nacional, la etnia, el idioma o la religión, ese tiempo ya ha pasado. "A efectos del derecho internacional, el vínculo que une a los individuos con un Estado concreto se denomina vínculo de "nacionalidad", con independencia del origen étnico o la identidad de un individuo concreto".
Ha llegado el momento de que Uruguay renuncie a los conceptos etnolingüísticos de nacionalidad y, en cambio, adopte su propia Constitución y su historia temprana. La Constitución uruguaya establece claramente que todos los ciudadanos son parte de la soberanía de la nación. En el Derecho Internacional, nacional es ahora simplemente un sinónimo de ciudadano, aunque las dos palabras se utilicen en circunstancias diferentes para articular la idea de identidad documental (nacionalidad) y de derechos y responsabilidades (ciudadanía). Hoy en día, en el derecho internacional y en la erudición política comparada, nacional y ciudadano son intercambiables y funcionalmente sinónimos.
Como se ha mencionado anteriormente, la práctica actual de Uruguay de asignar la nacionalidad a los ciudadanos basándose únicamente en el lugar de nacimiento del ciudadano viola los convenios internacionales sobre la igualdad de protección de la ley. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965 obliga a los Estados, en su artículo 5, a "garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico", especialmente en el disfrute de varios derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la nacionalidad. Uruguay es signatario de esta convención, por lo que tiene la misma fuerza que la Constitución.
Los uruguayos pueden quedar apátridas cuando la práctica actual de Uruguay respecto a la palabra "nacional" entra en conflicto con la ley de otra nación. Un uruguayo puede quedarse sin la nacionalidad ni de Uruguay ni del otro Estado. Asignar la nacionalidad a los ciudadanos de Uruguay únicamente en función del lugar de nacimiento y, al mismo tiempo, negar cualquier vía de naturalización o nacionalidad plena a los ciudadanos inmigrantes viola las obligaciones de Uruguay con respecto a la igualdad y el fin de la apatridia. Los uruguayos clasificados como "apátridas" incluyen a los uruguayos nacidos en países que no permiten la doble nacionalidad. Entre estas naciones se encuentran China, India y países como Tayikistán y Zimbabue. Los apátridas también resultan de la selección de Uruguay como único domicilio fiscal para los uruguayos nacidos en Estados Unidos. Estos resultados contravienen la obligación de Uruguay de poner fin a la apatridia a través de su Ley 19.682.
La emisión de pasaportes de uruguayos que indican que los uruguayos son apátridas a efectos de nacionalidades es un problema grave. Para estas personas, Uruguay utiliza el código internacional XXX para la nacionalidad en los pasaportes de nuestros ciudadanos, un código que indica "Sin Nacionalidad/Nada". "Esta práctica única en la que una nación proporciona un pasaporte a un ciudadano, un acto que normalmente sólo se hace para sus nacionales según lo definido en el derecho internacional, y luego niega en el mismo pasaporte que la persona que lleva el pasaporte de la nación de Uruguay es un uruguayo, confunde a otras naciones. Hace que cruzar las fronteras donde se revisan los pasaportes sea difícil, en el mejor de los casos. Hace imposible la obtención de visados para entrar en determinados países.
La Corte Interamericana ha considerado que, "a pesar de que tradicionalmente se ha aceptado que la concesión y el reconocimiento de la nacionalidad son cuestiones que corresponden a cada Estado, la evolución contemporánea indica que el derecho internacional impone ciertos límites a las amplias facultades de que gozan los Estados en esa esfera y que la forma en que los Estados regulan las cuestiones relativas a la nacionalidad no puede considerarse hoy día de su exclusiva competencia". Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva, "Enmiendas a la Disposición sobre Naturalización de la Constitución de Costa Rica", párrafos 32-34; texto en 5 HRLJ 1984. En otras palabras, los Estados deben tener en cuenta las repercusiones internacionales de su legislación interna en materia de nacionalidad, especialmente si la aplicación de dicha legislación puede dar lugar a la apatridia. Como se ha señalado anteriormente, Uruguay ha ratificado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Uruguay debe tratar de evitar la creación y el mantenimiento de una clase de ciudadanos apátridas. La mejor manera en que Uruguay puede demostrar su determinación de reducir o eliminar la incidencia de la apatridia es adoptando una legislación nacional que sea coherente con el derecho internacional, que garantice que los individuos no serán privados arbitrariamente de la nacionalidad, y que todos los uruguayos recibirán la nacionalidad uruguaya. Los legisladores uruguayos deben garantizar que las políticas de Uruguay no conviertan a las personas en apátridas de forma inadvertida o deliberada.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989, establece que los Estados Partes deben proteger los derechos de cada niño, incluido el derecho a la nacionalidad. Los Estados deben asistir rápidamente a todo niño al que se le niegue cualquier parte de su identidad y ayudarle a recuperarla. Por supuesto, Uruguay ha adoptado la convención y tiene la misma fuerza de ley que nuestra Constitución. Según el tratado, Uruguay está obligado a no negar la nacionalidad a ningún niño por motivos de religión, raza, origen nacional o lugar de nacimiento. La desafortunada verdad de que la actual interpretación de la ley uruguaya, tal como la aplica la DNIC, viola esta ley es fácilmente evidente.
Una vez más, cabe señalar que el artículo 72 de la Constitución de Uruguay indica que los convenios internacionales adoptados tienen en Uruguay el mismo rango que la propia Constitución, un concepto que ha sido probado en la Corte Suprema. En Uruguay, un derecho es "inherente a la persona humana" si forma parte de un tratado de derechos humanos ratificado por Uruguay, atribuyendo jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
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